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Las empleadas del hogar avanzan en derechos pero demandan la necesidad de medidas de acompañamiento que ayuden a las contrataciones

Alares demanda mayores incentivos a la contratación para que no repercuta en el bolsillo de las familias empleadoras y que estas mejoras no queden en “agua de borrajas”

 

16:15 - 13 de Septiembre del 2022
Las empleadas del hogar avanzan en derechos pero demandan la necesidad de medidas de acompañamiento que ayuden a las contrataciones

Alares, empresa especializada en el cuidado de personas, celebra el avance en plenos derechos de las empleadas del hogar. Sin embargo, demanda un plan que contemple de manera realista la situación económica actual y la capacidad de gasto de los presupuestos familiares para contratar servicios asistenciales. Si no se aborda de manera urgente un marco que contemple la desgravación fiscal de las familias como cuota a pagar a Hacienda, existe un riesgo alto de que aumente la economía sumergida porque las familias no podrán hacer frente al nuevo modelo de contrataciones. Esto se traducirá a largo plazo en un deterioro de las medidas de conciliación y de igualdad en el país, donde el cuidado de personas mayores y menores ha recaído de manera informal, desgraciadamente, en las mujeres.

Según los últimos datos de afiliaciones a la Seguridad Social del mes de agosto, 373.120,73 empleadas han sido dadas de alta. Desde que entrara en vigor el Real Decreto del servicio al hogar familiar en enero de 2012, esta cifra nunca ha despegado de un máximo de 400.000 cotizantes.

En este sentido, Alares se suma a las peticiones históricas de la Asociación de empresas del Sector de los Servicios Personales y Domésticos (AESPD), que incide en la necesidad de que se acompañen de medidas de apoyo a las familias para que estos avances no queden en “saco roto” y permitan impulsar o al menos mantener las contrataciones actuales dentro de la economía declarada.

La Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD), entidad a la que pertenece Alares, lleva años pidiendo una regulación, tal como se ha hecho en distintos países de Europa. Según el sector, la referencia de España debe ser el modelo francés a través de la Ley Borloo en 2005. Esta normativa permite la desgravación fiscal del 50% de gastos en servicios a la persona en el IRPF y a las empresas también les ofrecen deducciones en el Impuesto sobre Sociedades. De esta forma gran parte de esta economía sumergida (cientos de miles de empleos) saldría a la luz a través de empresas especializadas

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