El PSOE ha urgido al Gobierno a presentar un Plan de Empresas y Derechos Humanos, enmarcado en la elaboración de un segundo Plan de Derechos Humanos, que tenga por objeto poner al día y revisar las nuevas necesidades en la materia, a través de la incorporación de los principios de responsabilidad social en las empresas y derechos humanos.
Se trata de una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Economía y Competitividad de la Cámara, y que ha sido recogida por Europa Press, con el objetivo de instar al Gobierno a aprobar el Plan de Empresas y Derechos Humanos, siguiendo así la Comunicación de la Comisión Europea «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas», tal y como ya han hecho otros países europeos.
A juicio del PSOE, se trata de un «elemento fundamental» de una política de protección de los derechos de las personas y de buen hacer de las empresas españolas en el exterior.
Por ello, también plantea que se dé cuenta al Congreso de los Diputados de los mecanismos de seguimiento de la aplicación del Plan, tal como se contempla un acuerdo parlamentario de marzo de 2013, adoptado por el Pleno del Congreso de los Diputados.
Sigue sin aprobarse
El PSOE critica que el Gobierno se haya comprometido en «múltiples comparecencias», declaraciones, actos públicos y foros de todo tipo a presentar el Plan, siendo la última ocasión, el discurso de la delegación española ante el examen periódico universal de Naciones Unidas, el pasado 21 de enero.
Es más, sostiene que entre las prioridades de la Política Exterior de España que aparecen en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se encuentra su compromiso con el plan que «sigue sin aprobarse.
Igualmente, recuerda que desde el inicio de su elaboración el Gobierno ha distribuido varios borradores para discusión a los participantes en el proceso y desde septiembre de 2014 parece estar listo para su aprobación pero la misma no acaba de ser efectiva.
«Entretanto, varios países europeos como Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Italia y Finlandia han aprobado ya sus planes», avisa el PP.
A su juicio, este Plan debe ser un elemento «fundamental» de una política de protección de los derechos de las personas y de buen hacer de las empresas españolas en el exterior.
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