El consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunció ayer que el Ejecutivo regional aumentará un 5% el baremo para el pago de la asistencia jurídica gratuita. Garrido aseguró, además, que la subida llegará hasta el 20% al final de la legislatura.
El consejero reconoció que «la reducción de las retribuciones ha supuesto una carga importante para los letrados del turno del oficio y a los procuradores». El servicio de justicia gratuita sufrió un recorte en 2012 del 20% y las retribuciones no se actualizan desde el año 2003.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Madrid manifestó su «sorpresa por la toma unilateral de esa medida». Los abogados acordaron con la Comunidad de Madrid a finales del pasado mes de julio continuar con las negociaciones sobre este asunto en septiembre.
Los juristas consideran «claramente insuficiente» la decisión del Gobierno autonómico. En este sentido, exigen la recuperación inmediata de lo perdido en 2012, y regresar al poder adquisitivo del año 2003. Además, piden una revisión de la estructura actual de los baremos y la actualización anual de los mismos.
El Colegio reivindica, también, el pago puntual de los servicios, con un plazo máximo para su ingreso de 60 días, como establece la legislación, y con periodicidad mensual. La Comunidad de Madrid llegó a acumular retrasos de hasta 146 días en las retribuciones del Turno de Oficio.
Los abogados expresan su confianza en que la decisión no esté cerrada y confían en seguir negociando en la próxima reunión acordada para este mes.
Larga negociación
El Colegio de Abogados de Madrid ha mantenido múltiples reuniones con la Consejería de Presidencia y Justicia en los últimos meses. La institución pide la racionalización del sistema y el ajuste de las bases de compensación económica.
La decana, Sonia Gumpert, se ha manifestado sobre este asunto en varias ocasiones. Gumpert asegura que el turno de oficio es «un acto de responsabilidad social» que realizan los abogados.
Ante el retraso en los pagos y la falta de financiación, la decana sostiene que «los abogados españoles no pueden financiar los servicios de Justicia Gratuita, que es una responsabilidad del Estado». La decana destaca el intenso trabajo de los letrados.
El Colegio suspendió el pasado marzo la asignación de letrados para la asistencia a imputados que no estén detenidos y tampoco atendía las peticiones que se formulen para la asistencia a juicios rápidos, como una medida de presión en la negociación. La abogacía madrileña buscaba «defender el servicio público».
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