La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación a Ryanair por presuntas anomalías en sus contratos. En pleno conflicto con los tripulantes de cabina (TCP) de media Europa y los pilotos de sus principales mercados, los inspectores del Ministerio de Empleo se han reunido con los representantes sindicales, han realizado varias visitas sorpresa a la base de Barcelona y se han entrevistado con una veintena de trabajadores para conocer de primera mano la política de contratación de la low cost irlandesa. En concreto, el pasado mes de marzo la dirección de Recursos Humanos de Workforce y Crewlink, las firmas de reclutamiento a través de las que Ryanair tiene contratada a más de la mitad de su plantilla de TCP, se puso en contacto con los trabajadores para que se reunieran con la inspectora de Trabajo.
Fuentes del Ministerio aseguran que todavía no se ha abierto ningún expediente contra la compañía que dirige Michael O’Leary y que el proceso es complicado ya que ésta se aferra a que opera bajo la legislación irlandesa, que permite una serie de prácticas que en nuestro país son ilegales. Así, desde Empleo y la Seguridad Social se está trabajando para ver cómo se puede conseguir que los trabajadores de Ryanair de las 12 bases españolas -unos 1.800 TCP y cientos de pilotos- se sometan a la legislación de nuestro país, explican fuentes cercanas al proceso.
Es decir, se está viendo cómo conseguir que sea obligatorio que Ryanair cumpla la legislación española para regularizar su situación y los pagos de las cotizaciones, que abona en Irlanda por defecto. El Gobierno francés ya obligó a Ryanair a cumplir con parte de la legislación local, lo que llevó a la firma a cerrar sus bases en el país.
Desde Empleo explican a su vez que los TCP también denunciaron en abril que la compañía había obligado a la plantilla de España a ir a las bases de Portugal para hacer el trabajo de los compañeros lusos en huelga. Aunque en España eso es ilegal, en Irlanda se puede hacer.
La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación a Ryanair por presuntas anomalías en sus contratos. En pleno conflicto con los tripulantes de cabina (TCP) de media Europa y los pilotos de sus principales mercados, los inspectores del Ministerio de Empleo se han reunido con los representantes sindicales, han realizado varias visitas sorpresa a la base de Barcelona y se han entrevistado con una veintena de trabajadores para conocer de primera mano la política de contratación de la low cost irlandesa. En concreto, el pasado mes de marzo la dirección de Recursos Humanos de Workforce y Crewlink, las firmas de reclutamiento a través de las que Ryanair tiene contratada a más de la mitad de su plantilla de TCP, se puso en contacto con los trabajadores para que se reunieran con la inspectora de Trabajo.
Fuentes del Ministerio aseguran que todavía no se ha abierto ningún expediente contra la compañía que dirige Michael O’Leary y que el proceso es complicado ya que ésta se aferra a que opera bajo la legislación irlandesa, que permite una serie de prácticas que en nuestro país son ilegales. Así, desde Empleo y la Seguridad Social se está trabajando para ver cómo se puede conseguir que los trabajadores de Ryanair de las 12 bases españolas -unos 1.800 TCP y cientos de pilotos- se sometan a la legislación de nuestro país, explican fuentes cercanas al proceso.
Es decir, se está viendo cómo conseguir que sea obligatorio que Ryanair cumpla la legislación española para regularizar su situación y los pagos de las cotizaciones, que abona en Irlanda por defecto. El Gobierno francés ya obligó a Ryanair a cumplir con parte de la legislación local, lo que llevó a la firma a cerrar sus bases en el país.
Desde Empleo explican a su vez que los TCP también denunciaron en abril que la compañía había obligado a la plantilla de España a ir a las bases de Portugal para hacer el trabajo de los compañeros lusos en huelga. Aunque en España eso es ilegal, en Irlanda se puede hacer.
La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación a Ryanair por presuntas anomalías en sus contratos. En pleno conflicto con los tripulantes de cabina (TCP) de media Europa y los pilotos de sus principales mercados, los inspectores del Ministerio de Empleo se han reunido con los representantes sindicales, han realizado varias visitas sorpresa a la base de Barcelona y se han entrevistado con una veintena de trabajadores para conocer de primera mano la política de contratación de la low cost irlandesa. En concreto, el pasado mes de marzo la dirección de Recursos Humanos de Workforce y Crewlink, las firmas de reclutamiento a través de las que Ryanair tiene contratada a más de la mitad de su plantilla de TCP, se puso en contacto con los trabajadores para que se reunieran con la inspectora de Trabajo.
Fuentes del Ministerio aseguran que todavía no se ha abierto ningún expediente contra la compañía que dirige Michael O’Leary y que el proceso es complicado ya que ésta se aferra a que opera bajo la legislación irlandesa, que permite una serie de prácticas que en nuestro país son ilegales. Así, desde Empleo y la Seguridad Social se está trabajando para ver cómo se puede conseguir que los trabajadores de Ryanair de las 12 bases españolas -unos 1.800 TCP y cientos de pilotos- se sometan a la legislación de nuestro país, explican fuentes cercanas al proceso.
Es decir, se está viendo cómo conseguir que sea obligatorio que Ryanair cumpla la legislación española para regularizar su situación y los pagos de las cotizaciones, que abona en Irlanda por defecto. El Gobierno francés ya obligó a Ryanair a cumplir con parte de la legislación local, lo que llevó a la firma a cerrar sus bases en el país.
Desde Empleo explican a su vez que los TCP también denunciaron en abril que la compañía había obligado a la plantilla de España a ir a las bases de Portugal para hacer el trabajo de los compañeros lusos en huelga. Aunque en España eso es ilegal, en Irlanda se puede hacer.
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