La Guardia Civil ha detenido esta noche a Javier López Madrid, CEO de Grupo Villar Mir y consejero de OHL, acusado de haber pagado una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González y al PP de Madrid por la adjudicación de una obra dentro del fallido proyecto del tren de Navalcarnero. Los agentes querían interrogarle ayer en presencia de sus abogados, pero resultó imposible al encontrarse este en Londres. López Madrid también está imputado en el caso Púnica y ha sido condenado por las tarjetas black.
Depués de que López Madrid aterrizase en Barajas a última hora de este jueves, los agentes que están a cargo de la Operación Lezo le pidieron que fuera al puesto de Las Rozas, donde le detuvieron formalmente y le tomaron declaración hasta las dos de la mañana. En estos momentos, el consejero de OHL permanece en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial.
Según parece, las siglas del CEO de Grupo Villar Mir aparecen en unas notas que tenía el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, papeles que junto con la agenda de Francisco Granados han resultado claves para su detención. En estos documentos se hace referencia al desembolso de grandes cantidades por parte de la constructora OHL a favor de los populares de la Comunidad.
En concreto, los agentes investigan si se realizó un pago de 1,4 millones de euros desde la compañía, dinero que se habría empleado tanto para financiar el partido como para la entrega de una comisión al propio Ignacio González. Esta operación se llevó a cabo desde una filial de la empresa en México, que realizó a su vez el ingreso en una cuenta de Suiza. De todos modos, el objetivo que parecía perseguir este pago, conseguir la adjudicación de una obra dentro del proyecto del tren a Navalcarnero, no se consiguió.
La detención se ha producido después de que el juez Eloy Velasco ordenase este jueves el registro de la constructora como parte de la Operación Lezo, ante lo que la compañía aseguró que sus procesos de licitación, adjudicación y contratación se han realizado con total transparencia y sujeción a la ley y a los estándares de buen gobierno corporativo. En un comunicado, la constructora subrayó que no ha pagado comisiones a ningún partido político y que ha prestado «máxima colaboración» con las autoridades.
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