El PP defiende el éxito que las políticas de lucha contra el fraude laboral han tenido durante la pasada legislatura pero cree que hay que seguir actuando en esa materia, particularmente en relación con los estudiantes y las prácticas académicas, y por eso quiere que el Congreso se comprometa a intensificar las actuaciones inspectoras en ese ámbito.
Así consta en una proposición no de ley que los ‘populares’ defenderán el miércoles en la Comisión parlamentaria de Empleo y que recoge Europa Press. En su texto, la formación afirma que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha actuado «con gran contundencia» contra todo tipo de fraude en el mercado de trabajo, tal y como atestiguan los resultados de la Inspección.
Sin embargo, reconoce que «la erradicación definitiva de esta lacra no ha sido posible y, a día de hoy, siguen existiendo situaciones de fraude laboral a las que entre todos debemos hacer frente», prestando especial atención a las «nuevas formas de irregularidades» que han «proliferado» en la «nueva realidad» del mercado laboral.
COLECTIVO VULNERABLE
En este sentido, destaca un colectivo «más vulnerable» como es el de los estudiantes universitarios o recién graduados, que pueden ser víctimas de fraude «a causa de una mala aplicación por parte de ciertas empresas de las denominadas prácticas académicas externas», cuya finalidad debería ser formativa y de inserción al mercado de trabajo.
Y es que, pese a que la regulación es clara, «existen empresas incumplidoras que utilizan a los estudiantes en prácticas para sacar rédito económico y empresarial a costa del estudiante aprendiz», que sufre en ocasiones «jornadas maratonianas, responsabilidades que exceden su función o tareas ingratas ajenas a su cometido».
«Entre todos debemos luchar para que las prácticas académicas externas en empresas cumplan estrictamente la finalidad formativa para las que han sido creadas. Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude y hacer frente a las conductas insolidarias e injustas», señala el PP.
Y, por ello, propone a la Comisión de Empleo que manifieste su voluntad de seguir combatiendo el fraude laboral y a la Seguridad Social «en toda su extensión» y, particularmente, que promoverá la «intensificación» de las actuaciones para combatir las irregularidades en las prácticas académicas externas en empresas
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