La crisis por el COVID-19 ha dado lugar al número más bajo de contratos para personas discapacitadas de los últimos siete ejercicios. En concreto, desde la Fundacion Adecco indican que, entre enero y marzo de este año, las personas con discapacidad han suscrito 25.811 contratos en España, la cifra más baja desde 2016 y un 7,7% inferior a la del mismo periodo de 2019cuando se firmaron 27.978 contratos. En comparación con el mes anterior, la contratación ha sufrido un descenso de un 22,8%, con 7.397 contratos en marzo, frente al 9.082 de febrero, una cifra insólita puesto que en ese mes se produce un aumento en la contratación debido a las vacaciones de Semana Santa.
Desigualdad en la contratación
Aunque el descenso a la hora de contratar personas con discapacidad no ha sido escandaloso (7,7%), preocupa el hecho de que las personas discapacitadas encuentran más trabas a la hora de entrar en el mercado laboral (y más en una situación excepcional como esta). Son muchos los que terminan llevando una vida precaria, soportando largos periodos en el paro y lidiando diferentes obstáculos en el panorama laboral.
“Nos preocupa que con el parón del empleo se produzca un retroceso en la igualdad de oportunidades y en la inclusión social que las personas con discapacidad habían alcanzado durante los últimos años”, ha declarado Francisco Mesonero, director general de Adecco. Además, desde la compañía recuerdan que muchos se han visto obligados a abandonar repentinamente sus trabajos, a raíz de la crisis sanitaria. Éstos, además de perder ingresos, también pierden en normalización, en estabilidad social y emocional. También, otros han tenido que aparcar sus rutinas “formativas y de búsqueda de empleo, viéndose en una situación de confinamiento absolutamente desconocida”. Todo ello, según los expertos supone una situación de aislamiento, de confusión e inseguridad entre las personas con discapacidad.
Mesonero añade que: “La caída en la contratación reabre el debate sobre la vulnerabilidad de un sector de la población que ya se encontraba en riesgo de exclusión antes de la crisis del COVID-19”. De esta manera, la crisis sanitaria provoca una emergencia económica, pero también una emergencia social. Para las personas con discapacidad que no tenían una posición consolidada en el mercado, especialmente, suelen ser los primeros en perder el empleo y también los últimos en recuperarlo.
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