En un informe sobre la economía gala, la organización destaca que Francia tiene numerosos activos económicos, como una «envidiable» calidad de vida, una alta productividad, su fuerza laboral y una desigualdad de ingresos media que no ha empeorado a largo plazo, algo que sí ha ocurrido en otras economías.
Sin embargo, alerta de que el potencial de producción se ha ralentizado, en parte por la crisis; la recuperación económica ha sido decepcionante y el desempleo se mantiene en niveles elevados «y sigue subiendo».
Además, agrega que su posición fiscal es débil debido a un déficit crónico, un considerable gasto público, unos elevados impuestos y una creciente deuda pública.
En este contexto, considera que «el principal desafío» de la economía francesa es reformar el mercado laboral para promover el crecimiento del empleo. «Nuevas reformas del mercado laboral deberían ser la máxima prioridad», incide.
Así, critica que la fuerte protección al empleo lastra la movilidad laboral, al mismo tiempo que la legislación laboral, los ineficientes juzgados encargados del empleo y otras leyes limitan la flexibilidad del mercado y crean una «significativa dualidad» que penaliza a los más vulnerables, sobre todo a los jóvenes.
Por otro lado, incide en que el gasto público, que equivale al 57% del PIB, es «demasiado elevado» y uno de los más altos de la OCDE, aunque celebra las medidas que se están poniendo en marcha para reducirlo y bajar los impuestos.
Asimismo, subraya que la debilidad del mercado de productos está socavando también el crecimiento económico, dada la falta de competitividad en algunos sectores y la complejidad para poner en marcha un negocio y pagar impuestos.
En esta línea, considera «desproporcionado» los controles impuestos a algunas profesiones y «excesivamente compleja» la nueva reforma para la apertura de comercios en domingo y el desarrollo comercial urbano.
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