19 de abril de 2024
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Los funcionarios denuncian el deterioro de las prestaciones sanitarias de las mutuas

 

El 87,5% de los funcionarios que forman parte de alguna de las mutualidades del Gobierno (Muface, Mugeju e Isfas) asegura que en los últimos años se ha producido un deterioro progresivo de las prestaciones sanitarias que reciben que, entre otros aspectos, se traduce en menos posibilidades para elegir médico o un mayor tiempo de espera.
   Así se desprende de una encuesta elaborada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) a un total de 26.379 mutualistas, que ha revelado que la inmensa mayoría (95,9%) cree que este tipo de servicios va a desaparecer como consecuencia de la crisis y de los recortes del Gobierno en los últimos años.
   En concreto, el 73% de los encuestados denuncia que en los últimos años se han recortado prestaciones, el 55% cree que hay menos posibilidades para elegir médico y un 45% asegura que se ha reducido el número de medicamentos subvencionados.
   Una situación que, como ha denunciado Eliseo Moreno, secretario de Acción Sindical y consejero de Muface, está propiciando que estén «aumentando los tiempos de espera para algunas pruebas médicas y se estén perdiendo algunos especialistas».
   Además, en la encuesta hay mutualistas que denuncian que algunas de las compañías aseguradoras que prestan sus servicios a través de este sistema han quitado de sus cuadros médicos centros hospitalarios o especialistas que sí siguen ofertando a través de un seguro privado, lo que a su vez está propiciando que los médicos que mantienen su actividad tengan un «exceso de pacientes» en sus consultas.
   Del mismo modo, hay encuestados que alertan de ausencias de algunas especialidades como Hepatología, menos sesiones de fisioterapia y recortes en ayudas para gafas, ortodoncia o logopedia.
   La situación, según temen desde CSI-F, puede acabar siendo «disuasoria» para los funcionarios que cada año deben elegir entre estar en una mutua o ser atendidos en la sanidad pública.
   Actualmente, según datos de 2014, el 81,91% eligió la primera opción pero, como ha alertado Moreno, de seguir así el porcentaje puede verse reducido.
«MERMA» LA SALUD DE LOS POLICÍAS Y LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS.
   Asimismo, este deterioro también está afectando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según ha denunciado Antonio Labrado, de la Confederación Española de Policía (CEP), lo que supone una «merma» para la salud de estos profesionales que a su vez «repercute la seguridad de los ciudadanos».
   De este modo, se están dando casos en que hay policías que deben pagar para ser atendidos en otra comunidad ante la falta de especialistas en la suya o incluso por conocer los resultados de una biopsia, ha denunciado Labrado, que exige una «solución urgente» a un problema que, a su juicio, es más acuciante en provincias más pequeñas.
   Pese a esta situación, el 67% de los mutualistas encuestados tienen claro que la causa de dicho deterioro es la falta de compromiso del Gobierno con sus empleados y hasta el 89% considera que es quien debe garantizar una financiación suficiente a este modelo.
   No obstante, la encuesta refleja que hasta un 35,3% de los mutualistas estaría dispuesto a aumentar su aportación para solventar el problema, algo que sin embargo no comparte el sindicato. «Ya hemos tenido muchos recortes y bajadas de sueldo», ha recordado Moreno.

El 87,5% de los funcionarios que forman parte de alguna de las mutualidades del Gobierno (Muface, Mugeju e Isfas) asegura que en los últimos años se ha producido un deterioro progresivo de las prestaciones sanitarias que reciben que, entre otros aspectos, se traduce en menos posibilidades para elegir médico o un mayor tiempo de espera.

   Así se desprende de una encuesta elaborada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) a un total de 26.379 mutualistas, que ha revelado que la inmensa mayoría (95,9%) cree que este tipo de servicios va a desaparecer como consecuencia de la crisis y de los recortes del Gobierno en los últimos años.

   En concreto, el 73% de los encuestados denuncia que en los últimos años se han recortado prestaciones, el 55% cree que hay menos posibilidades para elegir médico y un 45% asegura que se ha reducido el número de medicamentos subvencionados.

   Una situación que, como ha denunciado Eliseo Moreno, secretario de Acción Sindical y consejero de Muface, está propiciando que estén «aumentando los tiempos de espera para algunas pruebas médicas y se estén perdiendo algunos especialistas».

   Además, en la encuesta hay mutualistas que denuncian que algunas de las compañías aseguradoras que prestan sus servicios a través de este sistema han quitado de sus cuadros médicos centros hospitalarios o especialistas que sí siguen ofertando a través de un seguro privado, lo que a su vez está propiciando que los médicos que mantienen su actividad tengan un «exceso de pacientes» en sus consultas.

   Del mismo modo, hay encuestados que alertan de ausencias de algunas especialidades como Hepatología, menos sesiones de fisioterapia y recortes en ayudas para gafas, ortodoncia o logopedia.

   La situación, según temen desde CSI-F, puede acabar siendo «disuasoria» para los funcionarios que cada año deben elegir entre estar en una mutua o ser atendidos en la sanidad pública.

   Actualmente, según datos de 2014, el 81,91% eligió la primera opción pero, como ha alertado Moreno, de seguir así el porcentaje puede verse reducido.

«MERMA» LA SALUD DE LOS POLICÍAS Y LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS

   Asimismo, este deterioro también está afectando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según ha denunciado Antonio Labrado, de la Confederación Española de Policía (CEP), lo que supone una «merma» para la salud de estos profesionales que a su vez «repercute la seguridad de los ciudadanos».

   De este modo, se están dando casos en que hay policías que deben pagar para ser atendidos en otra comunidad ante la falta de especialistas en la suya o incluso por conocer los resultados de una biopsia, ha denunciado Labrado, que exige una «solución urgente» a un problema que, a su juicio, es más acuciante en provincias más pequeñas.

   Pese a esta situación, el 67% de los mutualistas encuestados tienen claro que la causa de dicho deterioro es la falta de compromiso del Gobierno con sus empleados y hasta el 89% considera que es quien debe garantizar una financiación suficiente a este modelo.

   No obstante, la encuesta refleja que hasta un 35,3% de los mutualistas estaría dispuesto a aumentar su aportación para solventar el problema, algo que sin embargo no comparte el sindicato. «Ya hemos tenido muchos recortes y bajadas de sueldo», ha recordado Moreno.

 

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