La Cumbre Social estatal ha hecho público un comunicado en el que denuncia la creciente criminalización del sindicalismo de clase que se viene produciendo en los últimos años y la ofensiva penal contra el derecho de huelga, situaciones que, a juicio de la Cumbre Social, resultan incompatibles con la democracia. Los procesos abiertos contra centenares de sindicalistas por ejercer el derecho constitucional de huelga, solo pueden obedecer a la intervención del Ministerio Fiscal con finalidad discriminatoria.
La Cumbre Social considera que la sucesión de acciones sancionadoras contra la actividad sindical es un hecho sin precedentes en democracia, y advierte que la principal tipología de conflictos de los que se derivan las acciones sancionadoras están relacionados con el desarrollo de las jornadas de huelga general de los años 2010 y 2012, jornadas que acumulan la inmensa mayoría de procedimientos tanto administrativos como penales.
La Cumbre Social considera que el Ministerio Fiscal, y en consecuencia el Gobierno, con su intervención pretende criminalizar la respuesta social y sindical a las políticas de recortes, y llama a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones convocadas al efecto para denunciar esta campaña de vulneración de derechos democráticos. La concentración de delegados y delegadas sindicales el 1 de julio en la madrileña Plaza de Callao y las movilizaciones en las delegaciones del Gobierno de todo el país, el 9 de julio, son alguna de estas convocatorias que apoya la Cumbre Social.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.