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Pau Hortal
LUNES 21 DE ABRIL DE 2014   
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La demolición del Estado de bienestar

Ignacio Fernández Toxo, Secretario general de CCOO

RRHH Digital. “Cada viernes continuarán las reformas, y el viernes que viene también”. Con estas palabras, el presidente del Gobierno, anunció que el ataque a los derechos sociales y laborales sigue su curso.  Bien es verdad que en estos cuatro meses al frente del Ejecutivo, Rajoy solo ha sido fiel a lo que no dijo; pero conviene no olvidar que el horizonte electoral está despejado, y ello puede animar a la derecha española a consumar la mayor contrarreforma social, laboral y democrática que haya tenido lugar en este país desde 1977.

Camino del cuarto año de crisis económica y financiera, Europa ha conocido una trágica destrucción de tejido productivo; un desempleo masivo que supera los 23,5 millones de personas  -en España, a finales de 2012 podemos superar los 6 millones-; un ataque a las deudas soberanas que está llevando a la ruina a varios países europeos, propiciado por el elevado déficit en que estos han incurrido por las políticas desfiscalizadotas de los años de crecimiento; un alto endeudamiento debido en parte a los recursos que se han tenido que destinar a reflotar el sistema financiero; y la caída de la actividad económica. El liberalismo desregulador que causó la crisis en la que estamos inmersos ha vuelto a imponerse con las consecuencias ya conocidas: tres países ha tenido que solicitar el rescate; se han sustituido gobiernos surgidos de las urnas por otros formados por tecnócratas, sin que la ciudadanía haya podido expresarse en procesos electorales; se han reformado constituciones nacionales para imponer los ajustes; se ha producido una drástica reducción del modelo social aumentando la marginación y la pobreza, y no parado de deprimirse la actividad económica.

En España, la profundización de estas políticas de ajuste ha derivado en recortes de la protección social, especialmente en los sistemas de pensiones y desempleo; un fuerte y sostenido ataque a los servicios públicos básicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales; y una profunda involución en las instituciones laborales como la negociación colectiva, el diálogo social y el papel de los sindicatos. A todo ello hay que sumar, la campaña emprendida contra los derechos civiles y la voluntad del Gobierno conservador de modificar el código penal para incrementar el poder coercitivo del Estado y las políticas represivas en un intento de neutralizar la respuesta social y sindical a los recortes.

Lo afirmó nuestro Gabinete Económico y lo recuerdo hoy aquí: “De no cambiar las actuales condiciones fijadas por el Eurogrupo en materia fiscal, un nuevo incumplimiento del compromiso adoptado en la reducción del déficit produciría un aumento en el precio de la financiación de la deuda pública que podría llegar al bloqueo de los recursos necesarios para refinanciar los vencimientos, asumir el déficit anual y las necesidades adicionales (186.100 millones del Estado a los que añadir 30.000 millones más de las Administraciones Territoriales). En resumen, esta situación significaría la quiebra del sector público y la solicitud de rescate a la Unión Monetaria -u obligación de solicitarlo- con la asunción de las severas condiciones ya conocidas en casos anteriores (Grecia, Irlanda y Portugal).

Y aunque la retórica de las autoridades monetarias y políticas de la UE habla ya de Agenda de Crecimiento -tres años después de que lo exigiera el movimiento sindical europeo-, el Gobierno

español, atrapado por el sector más ultraliberal, sigue empeñado en no aplicar más políticas que las derivadas de la reducción del déficit: salarios, gasto social, servicios públicos, imposición indirecta y como consecuencia de todo, fuerte contracción del consumo y galopante y dramática destrucción de empleo.

Y poco o nada ayudan, en este contexto de recesión económica –España ha entrado oficialmente en recesión después de registrar dos trimestres consecutivos de caída del PIB- los Presupuestos Generales del Estado para 2012: el Gobierno ha estimado una caída del 1,7% del PIB en 2012 asociada a una destrucción de 630.000 empleos. Hay que tener en cuenta que estas estimaciones están realizadas a partir de  considerar que la actividad exterior va a limitar el efecto de la caída interna tanto del consumo privado como de la inversión pública. Quiere esto decir que si el comportamiento de las economías a donde se dirigen los bienes y servicios españoles o el turismo no se comportan en sentido esperado, la situación podría resultar peor de lo que el propio Gobierno estima.

Hace falta otra política

El empecinamiento de Merkel y sus aliados en aprovechar las circunstancias de la crisis para inducir un cambio en el modelo social, no permite pensar que en una Europa sin contrapesos las cosas vayan a evolucionar en la buena dirección. CCOO lleva tiempo exigiendo que la única salida realista para neutralizar en la medida de lo posible la erosión económica y social que anticipa la conjunción de efectos de recesión y reforma laboral, sería contar, en primer lugar, con una relajación del calendario del Plan de Estabilidad y Crecimiento de la UE.

Creemos que hay márgenes para otra política en España con presupuestos y objetivos distintos:

•    La modificación sustancial de la reforma laboral y la reposición plena de los efectos del Acuerdo de Negociación colectiva entre patronal y sindicatos
•    El incremento en la fase actual de la presencia del Estado en la Economía y la prestación de servicios
•    Una apuesta, por tanto, desde la inversión pública, por el crecimiento económico y la generación de empleo en términos de sostenibilidad social, económica y medioambiental
•    Una más ambiciosa reforma fiscal, aprovechando nuestro diferencial con la zona euro -6 puntos del PIB- y evitando amnistías fiscales, éticamente impresentables, con porcentajes de pago muy inferiores al tipo de gravamen ordinario
•    Un  reparto equilibrado de los sacrificios para superar la actual situación, y un nuevo modelo productivo y un renovado modelo social para reforzar la cohesión entre las personas y los territorios.

Por todo ello, queremos convertir las movilizaciones que estamos impulsando desde la huelga general del 29 de marzo, en un consenso de país por la reactivación económica y el empleo. Una propuesta que hemos hecho llegar al presidente del Gobierno –ignorada hasta el momento- y que responde a una situación de emergencia nacional, conscientes de que únicamente desde la acción de Gobierno, no es posible hacer frente a la crisis económica y financiera y que requiere el compromiso de todos los actores sociales, económicos y políticos.

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