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El plan del fraude en el empleo incluirá visitas a empresas y un aumento de los inspectores

RRHH Digital. El plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social que el Consejo de Ministros podría aprobar mañana incluirá visitas a los centros de trabajo para comprobar que los trabajadores se encuentran dados del alta en la Seguridad Social y no cobran prestaciones, así como "controles masivos" sobre los sectores más susceptibles de fraude.

   Así se recoge en un documento del Ministerio de Empleo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se perfilan los objetivos y las líneas generales de actuación del plan.

   El documento precisa que para llevar a cabo estas actuaciones "extensivas" e "intensivas", Empleo prevé la incorporación "inmediata" de hasta un centenar de efectivos en la Inspección de Trabajo con "dedicación prioritaria" a la lucha contra el fraude.

   Concretamente prevé un incremento de 25 inspectores y 30 subinspectores en un primer momento y, entre finales de 2012 y principios de 2013, otros 44 inspectores y los subinspectores que superen el proceso selectivo actualmente en curso.

   El plan arrancará con un plan de choque de actuaciones que se pondrán en marcha "de forma inminente". Además, incorporará una mejora de los sistemas de inspección y una mayor colaboración de la Inspección de Trabajo con otros organismos autónomos.

   Según concreta, cuatro son los supuestos irregulares a perseguir. Por parte del trabajador, compatibilizar de forma indebida el cobro de prestaciones con el trabajo, especialmente en el caso del paro, y el acceso indebido a la prestación por desempleo. Del lado de los empresarios, emplear a trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social y utilizar a extranjeros sin permiso de trabajo.

CONTROLAR QUE LOS PARADOS VAN A LAS OFICINAS DE EMPLEO

   Para ello, el plan contempla medidas en el ámbito del Servicio Público Estatal (SPEE) para controlar la presencia de los parados ante las oficinas de empleo y el cumplimiento de sus compromisos de actividad, así como para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación por desempleo.

   Al mismo tiempo, se acometerán las modificaciones legislativas "que resulten necesarias" para garantizar la mayor eficacia de la actividad inspectora y se cita el régimen sancionador penal y administrativo y la modificación de procedimientos administrativos.

   Asimismo, el Gobierno prevé "intensificar" por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las actuaciones de control en materia de derivación de responsabilidades o de investigación de empresas ficticias, contrataciones y altas fraudulentas en el sistema.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES


   El plan también estrechará la colaboración entre la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, así como con las comunidades autónomas, que son las responsables de la gestión de las políticas activas de empleo.

   Por último, Empleo considera necesario iniciar una campaña de concienciación social, que implique a los agentes sociales, para cambiar la percepción social sobre "este grave problema".

   El Ministerio de Empleo remarca en este documento previo que todas estas actuaciones contra el fraude en el empleo y la Seguridad Social se pretenden abordar "con el mayor consenso social".

   Para ello, el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, ya se ha reunido con representantes de CC.OO. y UGT. Sin embargo, los sindicatos no están conformes con que, a su juicio, el plan se centre casi exclusivamente en los perceptores de prestaciones por desempleo, a los que se considera de antemano como posibles defraudadores.

   Por ello, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, y la Secretaria de Empleo y Migraciones de CC.OO., Paloma López, han remitido una carta de cuatro páginas al Ministerio que dirige Fátima Báñez en la que muestran sus reservas al plan y recuerdan que los datos de febrero del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) ponen de manifiesto que las ofertas de empleo o acciones de las políticas activas rechazadas ascienden a 569, un 0,023% del total.

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